El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado el plan que contemplaba la construcción de más de 4.100 viviendas en la meseta de Donapea, en los términos municipales de Cordovilla y Pamplona.
Los tribunales han estimado parte de las denuncias del Ayuntamiento de la cendea de Galar, que desde un primer momento se opuso a este planeamiento. El Ayuntamiento rompió relaciones con el Gobierno y denunció que el plan vulneraba la autonomía municipal.
Según se informa desde el departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, la anulación del plan conlleva también la nulidad del proyecto de reparcelación, que ya había sido aprobado e inscrito en el registro de la propiedad, y del proyecto de urbanización del área y obliga a reiniciar todo el proceso administrativo.
Los propietarios del suelo, el 80% empresas promotoras y constructoras, consideran sin embargo que no es necesario volver a empezar todo el proceso sino simplemente subsanar los fallos que detecta la sentencia. Los promotores de Donapea pretendían adjudicar el proyecto de urbanización y comenzar las obras en 2012. Ahora, el departamento de Vivienda estima que el desarrollo del plan sufrirá un retraso de unos seis meses.
Vivienda señala que la sentencia del TSJN anula el plan de Donapea “por razones exclusivamente formales, dejando indemne el contenido del mismo -esto es, la ordenación territorial y urbanística prevista en la zona-”.
El TSJN anula el planeamiento al entender que los informes sectoriales aportados antes de la aprobación definitiva debieron entregarse antes de la aprobación inicial del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) y señala expresamente dos documentos. Por un lado, la sentencia dicta que el plan se adoptó “sin haberse recabado el informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)”. Por otro, los tribunales entienden que la tramitación del PSIS incumple el artículo de la ley de Bases del Régimen Local que obliga a hacer constar la identidad de los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas “cuando un plan urbanístico, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo”. La sentencia dicta que tal relación de propietarios no constaba en el expediente en el momento de la aprobación inicial del PSIS y la señala como causa de “nulidad radical del expediente”.
Según informan desde Vivienda, iniciar toda la tramitación del plan de Donapea supone primero, llevarlo a la valoración de la comisión de Ordenación del Territorio, paso previo a la firma del acuerdo del Gobierno de Navarra para que se declare el PSIS. El plan deberá volverse a someter a exposición pública y nuevo periodo de contestación de alegaciones. Concluido este proceso, el documento tendrá que volver a ser valorado por la Comisión de Ordenación del Territorio y finalmente tramitarse la aprobación definitiva por parte del Gobierno de Navarra.
Desde el departamento de Fomento y Vivienda señalan que el Gobierno “está estudiando la sentencia y la manera de minimizar sus consecuencias para conseguir con la mayor celeridad y eficacia la normalización de la situación generada”.
